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Menores Posibilidades de Obtener la Aprobación de la Visa Estadounidense: Nuevas Leyes y Regulaciones

Modern Law Group

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Menores Posibilidades de Obtener la Aprobación de la Visa Estadounidense: Nuevas Leyes y Regulaciones

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer una nueva regla en agosto de 2019 que entró en vigencia el 15 de octubre de 2019. Algunos expertos dicen que la nueva regla podría reducir la inmigración legal a la mitad al rechazar visas y residencia permanente a cientos de miles de personas por ser “demasiado pobres”.

La regla de 837 páginas se dirige a aquellos que podrían convertirse en carga pública en los Estados Unidos. Las visas podrían ser negadas a personas por no producir los ingresos necesarios (no ganar suficiente dinero) o que están obteniendo beneficios públicos en los Estados Unidos.

La regla se aplica a los solicitantes de admisión, extranjeros que buscan ajustar su estatus al de residentes permanentes legales dentro de los Estados Unidos y extranjeros dentro de los Estados Unidos que tienen una visa de no inmigrante y buscan extender su estadía en la misma clasificación de no inmigrante o cambiar su estatus a una clasificación de no inmigrante diferente.

De acuerdo con las expectativas del gobierno, el estado de aproximadamente 382,000 inmigrantes podría revisarse inmediatamente por esos motivos. Los partidarios de los inmigrantes temen que el número real pueda ser mucho mayor, particularmente si la regla se extiende a los millones de personas en todo el mundo que solicitan visas estadounidenses en los consulados estadounidenses.

El Departamento de Estado ya cambió su manual de asuntos exteriores en enero de 2018 para dar a los diplomáticos una mayor discreción para determinar las denegaciones de visas por motivos de carga pública. En el año fiscal que terminó en septiembre pasado, el número de visas rechazadas por esos motivos se cuadruplicó en comparación con el año anterior.

Se proyecta que la regla asustará a los inmigrantes para que no usen los beneficios públicos a los que tienen derecho por ley. Además, se estima que podría deshacerse de más de la mitad de los solicitantes de visa.

La regla se deriva de la Ley de Inmigración de 1882, que permite al gobierno de los Estados Unidos negar una visa a cualquier persona que pueda convertirse en una “carga pública”.

Los motivos de inadmisibilidad de carga pública han sido parte de la ley de inmigración de los Estados Unidos desde finales de 1800. A lo largo de ese tiempo, una persona ha sido considerada una “carga pública”, por razones de inmigración, si la persona dependía principalmente del gobierno para su mantenimiento. Bajo la guía vigente desde 1999, una persona ha sido considerada “principalmente dependiente” si recibió asistencia en efectivo federal, estatal o local para el mantenimiento de ingresos o si fue institucionalizada para atención a largo plazo a expensas del gobierno.

La nueva regla describe la carga pública como un inmigrante que cobra uno o más beneficios públicos designados por más de 12 meses dentro de cualquier período de 36 meses. La definición de beneficios públicos es la ayuda en efectivo que incluye Seguridad de Ingreso Suplementario, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la mayoría de las formas de Medicaid y una variedad de programas de vivienda pública.

Si alguien es carga pública se decidirá en una variedad de factores positivos y negativos. Un factor positivo sería ganar el 125 por ciento de la línea de pobreza, que es de $ 12,490 para un individuo y $ 25,750 para una familia de cuatro (a partir de 2019), mientras que ganar menos sería un factor negativo.

Afortunadamente para muchos, el Tribunal ordenó que el DHS no puede implementar y hacer cumplir la regla final sobre el motivo de inadmisibilidad de carga pública bajo la sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El tribunal también ordenó posponer la fecha de vigencia de la regla final hasta que haya una resolución final en los casos. La mayoría de los fallos son a nivel nacional y evitan que el USCIS ejecute la regla en cualquier lugar de los Estados Unidos.

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